Ilustraciones: Letras Libres / Mauricio Gómez Morín

 

Derechos Humanos. Sistema de la OEA
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Por Fergus MacKay

 

Esta Guía ha sido producida con el apoyo de un subsidio de la Fundación Ford

 

Nota preliminar de la compiladora

I. Sumario

II. Introducción

III. La Organización de Estados Americanos y los derechos humanos

IV. Derechos protegidos por los instrumentos Interamericanos de derechos humanos

A. Artículos 1 y 2 y artículos conexos del Convenio Americano

B. Otros instrumentos internacionales

V. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

VI. Presentación de una petición al sistema Interamericano de derechos humanos

A. Requisitos generales para presentar una petición

B. El proceso

1. Selección de pre-admisibilidad (Artículos 26-29, Reglas de Procedimiento de la CIDH)

2. Admisibilidad (Artículos 30-37, Reglas de Procedimientos de la CIDH)

a) Agotamiento de los recursos internos (Artículo 46, Convenio Americano y Artículo 31, Reglas de Procedimiento de la CIDH)

b) Informe de Admisibilidad

3. Méritos (Artículos 38-42, Reglas de Procedimiento de la CIDH)

4. Otras características del proceso

a) Medidas precautorias

b) Arreglo Amistoso (Artículo 41, Reglas de Procedimiento de la CIDH)

c) Transmisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Artículo 43(3)-44, Reglas de Procedimiento de la CIDH)

 

 

 

 

Nota preliminar de la compiladora 

El sistema interamericano de derechos humanos establece y define un conjunto de derechos básicos, que son normas de conducta obligatorias, y también los órganos que vigilan su observancia. Los principales instrumentos normativos del sistema son la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

Los Estados partes al ratificar la Convención Americana y su Protocolo Adicional adquieren obligaciones vinculantes. La Declaración Americana es también una fuente de obligaciones jurídicas, ya sea como instrumento convencional, y porque numerosas de sus disposiciones se han transformado en derecho internacional consuetudinario. Además, para fortalecer el marco normativo de promoción y protección de los derechos de la mujer, la Asamblea General de la OEA adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano principal de la OEA encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en las Américas, le corresponde desempeñar un papel especial para estimular aún más el cumplimiento de las normas de la Carta de respeto a los derechos fundamentales de cada persona, con fundamento en los principios de igualdad y no discriminación. El funcionamiento y funciones de la Comisión están determinadas por su estatuto y su reglamento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida por la Convención Americana, ejerce funciones consultivas de interpretación de las normas sobre derechos humanos en vigor en las Américas. Las opiniones consultivas de la Corte constituyen una interpretación legítima de dichas normas. La Corte ejerce además las funciones jurisdiccionales obligatorias al interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención en los casos en que los Estados partes de la Convención Americana hayan aceptado expresamente su competencia. El funcionamiento y funciones de la Corte están determinadas por su estatuto y su reglamento.

A estos instrumentos básicos se han agregado: el Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Se transcribe la Convención de la Tortura, que puede ser aplicada en casos de violencia de género.

I. Sumario  

 

Los pueblos indígenas de las Américas continúan sufriendo serias violaciones de sus derechos humanos. Experimentan, en particular, una gran presión sobre sus tierras por parte de la explotación maderera, la minería, la construcción de caminos, las actividades de conservación, las represas, la agricultura comercial y la colonización. Aunque la mayoría de los estados americanos disponen de leyes que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas en diversos grados, estas leyes son frecuentemente violadas. En otros casos, no existen leyes adecuadas. También, en muchos estados americanos, las leyes nacionales son inconsecuentes con las obligaciones de estos mismos estados conforme al derecho internacional sobre derechos humanos.

 

El sistema de derechos humanos Interamericano dispone de mecanismos para tratar estos problemas verdaderamente reales. El sistema establece obligaciones compulsivas para que todos los estados americanos cumplan con las normas de derechos humanos. Estos derechos incluyen, entre otros, los derechos de los pueblos indígenas:

Þ      A tierras, territorios y recursos usados y ocupados tradicionalmente, a un medio ambiente saludable y a no verse sometidos a la reubicación forzosa;

Þ      A la integridad cultural y física;

Þ      A una participación significativa en las decisiones que los afecten;

Þ      A preservar y utilizar sus propias instituciones culturales, sociales y políticas;

Þ      A ser libres de la discriminación y gozar de la misma protección legislativa

En los organismos Interamericanos encargados de supervisar y proteger los derechos humanos existen procedimientos para presentar quejas sobre la violación de estos derechos. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de estos organismos, son obligatorias para los estados. En lo relativo a asuntos de derechos humanos, constituye efectivamente la Corte supremo de las Américas donde los pueblos indígenas pueden acudir para procurar una reparación a sus ofensas.

 

Esta publicación describe en detalle cómo funciona el sistema Interamericano de derechos humanos. Hace un sumario de qué derechos están protegidos, centrándose en aquellos de importancia particular para los pueblos indígenas. También suministra una guía detallada sobre cómo presentar peticiones a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. También se incluyen los sumarios sobre casos y sentencias importantes que ya han pasado a través del sistema o los que están en proceso. Estos casos y sentencias ejemplificados muestran cómo el sistema trata los derechos indígenas, y suministran ejemplos concretos sobre cómo un caso puede ser tramitado a través del sistema como forma de ilustrar algunos de los puntos correspondientes a la sección sobre cómo presentar una petición.

 

Tenemos la esperanza de que esta publicación suministrará a los pueblos indígenas una mejor comprensión de sus derechos y los alentará a utilizar estos procedimientos internacionales para obtener una reparación. También tenemos la esperanza de que ayudará a los estimulados estados americanos a reformar sus leyes internas y sus procedimientos jurídicos para poder suministrar una protección efectiva y significativa de los derechos de los pueblos indígenas dentro de sus jurisdicciones.

 

II. Introducción  

 

Los derechos de los pueblos indígenas han asumido un importante lugar en el derecho internacional sobre derechos humanos y, durante los últimos 20 años, surgió y se concretó un discreto cuerpo legal que confirma y protege los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Este cuerpo legal se sigue expandiendo y desarrollando a través de la abogacía indígena en los foros internacionales; a través de decisiones de organismos internacionales de derechos humanos; a través del reconocimiento y codificación de derechos indígenas en instrumentos internacionales actualmente bajo consideración de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos; a través de la incorporación de los derechos indígenas a instrumentos y políticas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo; a través de la incorporación de estos derechos en el derecho y la práctica interna; y a través de decisiones jurídicas internas. Sumando todo esto, esta evolución del pensamiento y la práctica jurídica ha llevado a muchos a concluir que algunos derechos indígenas han obtenido el estatus de derecho consuetudinario internacional y, por lo tanto, obligatorios para los estados.[1]

 

Los organismos internacionales que disponen de mandato para la protección de derechos humanos han prestado particular atención a los derechos indígenas durante los años recientes. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos se destacan a este respecto. Estos organismos han contribuido al desarrollo progresivo de los derechos indígenas mediante la interpretación general de la aplicación de los derechos humanos de tal forma que tome en cuenta y proteja los derechos colectivos de los pueblos indígenas.[2] Incluso la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, por lejos el más débil de los organismos de derechos humanos, ha comenzado a encarar los derechos de los pueblos indígenas dando el importante paso de establecer un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas en África.[3]

 

Se podría afirmar que los organismos del sistema Interamericano de derecho humanos, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y, en menor medida, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, están cumpliendo un rol destacado.[4] Estos organismos Interamericanos están actualmente litigando temas relativos a los derechos indígenas en el ámbito internacional. Las decisiones de la Corte resultantes de estos litigios son obligatorias para los estados en tanto que son asuntos de derecho internacional. Esto se pone de relieve en forma contrastante con los organismos de la ONU y la OIT, que sólo pueden hacer recomendaciones a los estados. Aunque el primer caso que trató directamente los derechos indígenas fue litigado en 1999 y 2000, la Comisión Interamericana presentará indudablemente más casos la Corte con mayor frecuencia en los años próximos.

 

A pesar de estos avances en el derecho internacional, las violaciones de los derechos indígenas siguen siendo demasiado frecuentes. Muchas de estas violaciones están asociadas con la enorme presión para explotar los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de las áreas de bosques tropicales han sufrido en forma severamente especial está presión cada vez más intensa sobre sus tierras, que tiene como resultado una rápida deforestación como producto de la explotación maderera, la minería, la expansión agrícola, la colonización y los proyectos infraestructurales. Las iniciativas de conservación del medio ambiente tampoco toman frecuentemente en cuenta los derechos indígenas. Además, muchos de los acontecimientos internacionales relacionados con los derechos indígenas todavía no se han traducido en cambios concretos en el ámbito nacional y local. Por ejemplo, el derecho nacional en muchos países sigue estando substancialmente ajeno a las normas internacionales de derechos humanos.

 

Esta Guía para los Derechos Indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una de una serie producida por el Programa para los Pueblos del Bosque, tiene el objetivo de suministrar a los pueblos y organizaciones indígenas información práctica para sustentar un uso efectivo de los mecanismos y procedimientos de derechos humanos Interamericanos para la reivindicación de sus derechos.[5] A pesar de que estos procedimientos están muy lejos de ser perfectos y ciertamente no resolverán todos los problemas de derechos humanos, su uso por parte de los pueblos indígenas ha conducido a beneficios concretos a nivel nacional y local en el pasado y puede esperarse que continúen haciéndolo en el futuro. Su uso refuerza y desarrolla además las normas de derechos indígenas en el ámbito internacional, lo que provee una fortaleza adicional a la defensoría local y nacional y a los esfuerzos reformistas.

 

Las Partes III y IV de la Guía brindan una visión general de las instituciones y de los derechos protegidos por los instrumentos del sistema Interamericano y la Parte V presenta a la Comisión Interamericana y la Corte de Derechos Humanos. La Parte VI describe los procedimientos y requisitos para presentar demandas ante la Comisión Interamericana, incluyendo las medidas que puede emplear la Comisión para tratar los problemas de derechos humanos y la Parte VII hace un sumario de la Comisión y de la Corte relativo a los derechos indígenas. Aunque todos los derechos humanos son de importancia para los pueblos indígenas, esta sección trata solamente aquellos casos que encaran derechos particulares de los pueblos indígenas, es decir, derechos territoriales. Finalmente, la Parte VIII trata sobre la Propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En todo el texto se hacen vínculos con sitios web que contienen documentos relevantes y el texto completo de los informes o casos analizados.

 

III. La Organización de Estados Americanos y los derechos humanos  

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) está compuesta por todos los estados de las Américas y el Caribe (Cuba ha sido suspendida como miembro). Su sede principal está en San José, Costa Rica y en Washington D.C. También dispone de oficinas en la mayoría de las ciudades capitales de las Américas. La OEA se rige por la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948 (la Carta), un tratado multilateral que funciona como su Constitución. Los artículos 3(d) y 3(j) de la Carta prevén, respectivamente, que “La solidaridad de los Estados Americanos y los elevados objetivos procurados a través de la misma requieren la organización política de esos Estados sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” y, “Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales del individuo sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”.

 

En el sistema de la OEA, los derechos humanos están protegidos por dos marcos interrelacionados. El primero está basado en la Carta y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración). La Declaración obtiene su fuerza legal a partir de la conclusión de que representa una interpretación autorizada de las previsiones de la Carta sobre derechos humanos y sobre el derecho internacional consuetudinario. El segundo se fundamenta en el Convenio Americano sobre Derechos Humanos (Convenio). El Convenio es aplicable y obligatorio sólo en aquellos estados que lo han ratificado, mientras que la Declaración es aplicable y obligatoria en todos los estados miembros de la OEA.[6]

 

 

IV. Derechos protegidos por los instrumentos Interamericanos de derechos humanos  

 

Los derechos definidos en el Convenio y, en menor medida, en la Declaración son fundamentalmente derechos individuales, civiles y políticos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no sufrir discriminación y a gozar de una protección igualitaria ante la ley, el derecho al debido proceso legal, el derecho a la libertad de reunión, asociación y religión, el derecho a la propiedad, etc. Sin embargo, el preámbulo del Convenio reconoce la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales y su indivisibilidad con respecto a los otros derechos humanos: “la idea de hombres libres que gozan de estar libres del temor y la necesidad sólo puede ser alcanzada si se crean condiciones en las cuales todos puedan gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como también de sus derechos civiles y políticos”. La Declaración también incluye algunos derechos económicos, sociales y culturales.

 

El Protocolo Adicional del Convenio sobre Derechos Humanos en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador, establece una serie de derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Según este Protocolo, las partes estatales están obligadas a tomar medidas progresistas de acuerdo a sus recursos relativos para dar efecto a los derechos contenidos en el mismo.[7] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también examina derechos económicos, sociales y culturales en casos individuales e informa la situación del país correspondiente y sobre acuerdos amistosos.

 

La Propuesta de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas contiene derechos, tanto colectivos como individuales, aplicables directa y exclusivamente a los pueblos indígenas. Conforme con la CIDH, el “Proyecto de Declaración debería ser entendido como una provisión de principios guías para el progreso Interamericano en el área de los derechos indígenas”.[8] El Proyecto de Declaración está actualmente bajo la consideración del Grupo de Trabajo del Comité del Consejo Permanente de la OEA sobre Asuntos Jurídicos y Políticos.[9] Cuando este instrumento sea aprobado por la Asamblea General de la OEA se convertirá en un importante punto de referencia para los derechos indígenas en el sistema Interamericano de derechos humanos. Por una discusión más extensa de la Declaración ver, Capítulo VIII, más adelante.

 

Finalmente, entre otros instrumentos de derechos humanos Interamericanos, se encuentran el Convenio de 1985 para Impedir y Castigar la Tortura, el Protocolo de 1990 para el Convenio Americano sobre Derechos Humanos para Abolir la Pena de Muerte, el Convenio de 1994 sobre la Desaparición Forzosa de Personas, el Convenio de 1994 sobre la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Convenio de 1999 sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra Personas con Discapacidades.[10] Aunque no sea tratado aquí, se pueden presentar demandas sobre violaciones de un derecho/derechos establecidos en estos instrumentos, con la condición de que se cumplan los requisitos establecidos en los respectivos instrumentos y las Reglas de Procedimiento de la CIDH (Artículos 23 y 27, Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

El Convenio Americano, la Declaración Americana y el Protocolo Adicional se pueden encontrar en: inglés; español

 

El texto del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas puede encontrarse en: inglés español

 

A. Artículos 1 y 2 y artículos conexos del Convenio Americano  

Dos de las más importantes previsiones del Convenio Americano son las obligaciones genéricas establecidas en los Artículos 1 y 2. Estos artículos obligan a las partes estatales a

 

Respetar los derechos y libertades reconocidos[en el Convenio] y asegurar el libre y pleno ejercicio de todas las personas sometidas a su jurisdicción, y adoptar, si fuera necesario, medidas legislativas o de otro tipo para hacer efectivos esos derechos y libertades.[11] (énfasis agregado)

 

Como se estableció repetidamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Tribunal) y la CIDH, el Artículo 1 no sólo prevé que las partes estatales tengan una obligación inmediata de respetar y asegurar el ejercicio libre y pleno de los derechos establecidos en el Convenio Americano, también “impone un deber afirmativo a los estados” y les requiere “tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier que impedimento que pueda existir invalide a los individuos gozar de los derechos que garantiza el Convenio”:[12] El artículo 1 también prohibe la discriminación con respecto al ejercicio y goce de los derechos establecidos en el Convenio Americano. Esta prohibición “se extiende al derecho nacional de las Partes Estatales, permitiendo la conclusión de que en estas previsiones las Partes Estatales … han asumido mantener su legislación libre de reglamentaciones discriminatorias”.[13]

 

El artículo 2 del Convenio Americano impone un deber específico y obligatorio a las partes estatales para que adopten y/o enmienden la legislación nacional y tomen otras medidas para dar pleno efecto a los derechos reconocidos en el Convenio y para llenar algunos vacíos de la legislación nacional relativos a los derechos humanos.[14] A la inversa, el artículo 2 también requiere que las partes estatales no adopten medidas legislativas o de otro tipo que contravengan los derechos reconocidos en el Convenio Americano.

 

Estas dos previsiones son muy importantes para los pueblos indígenas porque requieren que se adopte o cambie la legislación u otras medidas para asegurar que los derechos sean reconocidos en el derecho nacional, sin discriminación, y que esos derechos pueden ser implementados a través de las cortes u otros medios. Muchas leyes que afectan a los derechos indígenas son discriminatorias o están por debajo de las normas cuando se las comparan con las garantías internacionales, y en muchos casos los procedimientos para proteger los derechos indígenas no existen o son inefectivos. Estas dos previsiones, relacionadas con todos los derechos reconocidos en el Convenio, tratan directamente el tema.

 

Los artículos 8 y 25 del Convenio son también importantes dentro de este contexto. El artículo 8(1) reconoce el “derecho de toda persona a una audiencia, con las debidas garantías y dentro de un período de tiempo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, previamente establecido por la ley … para la determinación de sus derechos y obligaciones civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro tipo”.[15] El artículo 25 del Convenio Americano obliga a las partes estatales a proveer resarcimientos judiciales rápidos, simples y efectivos para las violaciones de derechos reconocidos por el Convenio.[16] Como establece el Juez Trindade de la Corte,

 

Juntos, los Artículos 25 y 1(1) requieren la directa aplicación del Convenio Americano en la legislación nacional de las Partes Estatales. En situaciones donde se alega la existencia de obstáculos de la legislación nacional, entra en juego el Artículo 2 del Convenio, requiriendo, como lo hace, su armonización con la legislación de las Partes Estatales. Las Partes Estatales están obligadas, por los Artículos 25 y 1(1) del Convenio, a instituir un sistema de reparaciones rápido y simple y darle una aplicación efectiva. Si no lo hacen de facto, debido a supuestas lagunas o deficiencias de la ley nacional, incurren en una violación de Artículo 25, 1(1) y 2 del Convenio.[17] (énfasis en el original)

 

Estos artículos son también importantes para el tema de la carencia de reparaciones internas analizado más adelante (pág. xx).

 

B. Otros instrumentos internacionales  

Una característica importante de los procedimientos de la CIDH es que se puede recurrir a instrumentos internacionales distintos de los adoptados por el sistema Interamericano para sustentar sus decisiones y determinar las obligaciones de los estados. Esto rige tanto para la Declaración como para el Convenio. En el caso del Convenio, el Artículo 29(b) establece que, “Ninguna previsión de este Convenio debe interpretarse como: (b) una restricción del goce o ejercicio de cualquier derecho o libertad reconocidos en virtud de la legislación de cualquier Parte Estatal o en virtud de otro convenio del que es parte uno de dichos estados”.[18] Para la Declaración, la CIDH ha establecido que las previsiones de la misma deben ser interpretadas en relación “con otras obligaciones internacionales de los estados miembros que puedan ser pertinentes” y con respecto al “marco general del sistema jurídico vigente en el momento de la interpretación”.[19]

 

Lo precedente ha permitido que la CIDH examine las obligaciones de los estados con respecto a una variedad de instrumentos internacionales para determinar si ha ocurrido una violación de la Declaración Americana o el Convenio. Ha hecho referencia, por ejemplo, al Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, particularmente el Artículo 27 que se refiere a los derechos de las minorías, los Convenios Nos. 107 y 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, la legislación europea sobre derechos humanos, la legislación humanitaria internacional codificada en los Convenios de Ginebra y diversos tratados, declaraciones y resoluciones adoptados por la ONU y sus agencias especializadas. En el futuro podremos observar a la CIDH utilizar las Declaraciones de la ONU y de la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente la última, para determinar las obligaciones de los estados signatarios de la Declaración Americana y el Convenio.

 

V. La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

 

El mecanismo de control e implementación para la Declaración y el Convenio es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establecida en 1960.[20] La CIDH fue convertido en un órgano principal de la OEA con la enmienda del Artículo 51 de la Carta de la OEA en 1967.[21] La CIDH, con sede en Washington D.C., está compuesta por siete expertos independientes de reconocida competencia en el campo de los derechos humanos, electos por la Asamblea General de una lista de nominados presentada por los estados miembros. Cada miembro está en funciones durante un término de cuatro años. El Convenio tiene un mecanismo adicional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene su sede en San José, Costa Rica, y está integrado por siete jueces electos por las partes estatales del Convenio por un término de seis años. Cada miembro puede ser reelecto por un término adicional. Lo importante, es que las sentencias de la Corte son legalmente obligatorias. La Corte puede también, y lo ha hecho, otorgar compensaciones a las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

 

La CIDH es responsable del monitoreo de la implementación de los derechos contenidos en el Convenio y la Declaración de acuerdo a sus funciones y poderes definidos por el Artículo 41 del Convenio. Esto es realizado de varias formas, incluyendo la recepción y análisis de las peticiones de individuos, grupos de individuos y ONGs. También está habilitada para iniciar estudios sobre la situación de derechos humanos de los estados miembros de la OEA. Algunos de estos estudios han destacado la situación de derechos humanos de pueblos indígenas: Guatemala (1981; 1983 y 1993), Nicaragua (1978; 1981 y 1983), Ecuador (1997), Brasil (1997) Paraguay (1978; 1987), Colombia (1981, 1993), Bolivia (1981) y Surinam (1985). Estos estudios han tenido algunos efectos positivos y los estados han modificado, en respuesta, su comportamiento en diversos grados. En la Sección VI(C), más adelante, se analizan estudios más recientes.

 

La Corte Interamericana fue establecido por el Artículo 33 del Convenio. Su composición, jurisdicción y funciones están definidos en los Artículos 52-57 del Convenio. Tiene dos funciones principales: 1) interpretación autorizada de tratados y otros instrumentos promulgados por el sistema de la OEA (su jurisdicción asesora) y; 2) resolver casos y disputas presentadas por la CIDH o estados miembros de la OEA (su jurisdicción contenciosa).[22] Conforme al Artículo 62 del Convenio, las partes estatales deben consentir específicamente la jurisdicción contenciosa de la Corte. Sólo la CIDH o un estado miembro pueden presentar casos ante la Corte.

 

Hasta la fecha, la mayoría de los estados que han ratificado el Convenio han registrado declaraciones de consentimiento con respecto a la jurisdicción de la Corte (ver, Anexo I). Sin una declaración de consentimiento, el estado en cuestión no puede ser sometido a los procedimientos de la Corte. Para que la CIDH presente una petición al Tribunal, deben ser completados los procedimientos pertinentes y el caso debe ser presentado dentro de los tres meses de la decisión final. Los procedimientos de la Corte son públicos, aunque realiza sus deliberaciones en forma privada.

 

Por lo general, un caso de la Corte tiene tres fases: 1) objeciones preliminares, donde el estado presentará temas procesales como la imposibilidad de recurrir a reparaciones internas; 2) méritos, donde la Corte examinará los argumentos sobre si ha ocurrido una violación de derechos humanos, o no; y, en casos donde se juzgue que ha ocurrido una violación, 3) resarcimientos, donde la Corte establece la compensación u otras reparaciones que el estado tiene que cumplir en el caso. Las decisiones de la Corte son publicadas, legalmente obligatorias y, si surgiera la necesidad, sus compensaciones son automáticamente ejecutables o, en otras palabras, obligatorias en las cortes nacionales. Sus decisiones han incluido sentencias de que las reparaciones o la compensación apropiada sean suministradas a las víctimas cuando un estado ha sido condenado por violación. La compensación incluye resarcimientos por daños reales, perjuicios emocionales y expensas incurridas durante el litigio.

 

En 1998, la CIDH presentó el primer caso relativo a tierras indígenas y otros derechos ante la Corte para adjudicación (ver más adelante la descripción del caso). Este caso fue originalmente presentado a la CIDH por la Comunidad Indígena Mayagna de Awas Tingni de Nicaragua y el Centro de Indígena de Recursos Legales. La petición alega que Nicaragua ha violado el Convenio de las Américas, la Declaración de las Américas y otras previsiones del derecho internacional sobre derechos humanos debido a su omisión de tomar medidas a tiempo para asegurar los derechos a la tierra y los recursos de Awas Tingni y por una violación activa de esos derechos causados por el otorgamiento gubernamental de concesiones de exploración maderera en tierras indígenas.[23]

 

Nota: Se puede acceder a una publicación de la OEA titulada, Documentos Básicos  Relativos a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano - em português

Esta publicación contiene los instrumentos pertinentes de derechos humanos de la OEA y el Estatuto y las Reglamentaciones de la CIDH y la Corte. Se debe notar, sin embargo, que la CIDH ha adoptado nuevas Reglas de Procedimientos en lugar de su Reglamentación que se encuentran en la publicación de Documentos Básicos. Las nuevas reglas se pueden encontrar en: inglés - español Más documentos em português

Se puede obtener copias escritas de los documentos de la CIDH en la siguiente dirección: Inter-American Commission of Human Rights. Organization of American States, Executive Secretariat, 1889 F Street, NW. Washington DC 20016, USA. Tel. 1.202.458.6002  Fax. 1.202.458.3992  Se puede dirigir directamente a la Sección de Documentos de la CIDH en el siguiente número: 1.202.458.3997

La mayoría de los documentos de la CIDH en inglés y en español se pueden encontrar en: www.cidh.org

Solamente por información y documentación relativas a la Corte: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Secretariado PO Box 6906-1000. San José, Costa Rica. Tel. (34) 0581  Fax. (34) 0584 Web Site: http://www.corteidh.or.cr

 

Una de las formas principales por las que los pueblos indígenas y los individuos pueden buscar protección de sus derechos es a través de procedimientos de peticiones o demandas a la CIDH. Este procedimiento permite presentar demandas contra estados relativas a violaciones del Convenio Americano y la Declaración Americana. La siguiente sección analiza los requisitos y procedimientos a ser seguidos para presentar tales peticiones.

 

VI. Presentación de una petición al sistema Interamericano de derechos humanos  

 

La CIDH puede recibir peticiones reclamando violaciones de los derechos definidos en el Convenio y la Declaración. Puede recibir peticiones de individuos, grupos de individuos y ONGs. El procedimiento para presentar las peticiones está establecido en las Reglas de Procedimiento de la CIDH, que son paralelas y se expanden sobre las previsiones del Convenio Americano.[24] Las peticiones relativas al Convenio y la jurisdicción están previstas en el Artículo 44 del Convenio y en el Artículo 23 de las Reglas de Procedimiento de la CIDH. Los Artículos 1(2)(b), 18 y 40 del Estatuto de la Convención y el artículo 49 de las Reglas de Procedimiento prevén la jurisdicción de la CIDH en casos concernientes exclusivamente a la Declaración Americana.[25] A pesar de esta diferencia, las peticiones referentes a violaciones de la Declaración y la Convención son tratadas básicamente de la misma manera (Artículos 23 y 50, Reglas de Procedimiento de la CIDH).[26]

 

Las Reglas de Procedimiento pueden encontrarse en  inglés - español

 

Todas las peticiones conforme a la Convención y la Declaración deber ser enviadas (por fax o correo certificado) a la siguiente dirección: Dr. Santiago Canton, Executive Secretary. Inter-American Commission on Human Rights/OAS. 1889 F Street, NW Washington DC  20006, USA. Tel. 1.202.458.6002  Fax. 1.202.458.3992

 

A. Requisitos generales para presentar una petición  

1)      Si la petición implica al Convenio Americano, el estado supuestamente responsable de las violaciones debe haber ratificado el Convenio y, con una sola excepción, la supuesta violación debe haber ocurrido después de la fecha en que el Convenio Americano entró en vigencia en forma general (18 de julio de 1978) así como para el estado en cuestión (la fecha en que depositó su instrumento de ratificación, [27] ver, Anexo I más adelante). La excepción a esto es si la violación(es) ocurrió antes de la entrada en vigencia, pero los efectos de esa violación(es) son permanentes y continuos.

2)      La petición debe ser presentada por una persona, un grupo de personas o una ONG legalmente reconocida por un estado miembro de la OEA. El término “legalmente reconocida” significa un ciudadano, un extranjero legalizado, o en el caso de las ONGs, la incorporación a las leyes de un estado miembro de la OEA. El autor (persona que presenta la petición) no necesita ser una víctima directa de la supuesta violación. Incluso, la petición puede ser presentada por una tercera parte sin el conocimiento o consentimiento de la víctima(s). Además, la petición puede alegar violaciones de derechos humanos generales y extensos, no limitados a un individuo específico, grupo o suceso, o puede ser presentada en nombre víctimas numerosas de un acontecimiento específico o una serie de violaciones. La identidad del peticionario no será revelada sin su consentimiento. (Artículo 23, Reglas de Procedimiento de la CIDH).

3)      La CIDH no examinará peticiones que impliquen el mismo asunto y demandas idénticas actualmente pendientes o ya resueltas por la CIDH u otros mecanismos internacionales, p. ej., en el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Artículo 33, Reglas de Procedimiento de la CIDH).

4)      Los recursos internos deben haber sido agotados antes de la presentación de la petición a menos que se pueda establecer una excepción a esta regla (Artículo 31, Reglas de Procedimiento de la CIDH). Ver más adelante más información sobre este requisito.

5)      La petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses del agotamiento de los recursos internos. El período de seis meses comienza en la fecha en que se informa al peticionario del agotamiento de los recursos internos. Este requisito será pospuesto si se puede demostrar que el estado es responsable de alguna forma de que el peticionante exceda la fecha final. También, si los recursos internos no están a disponibilidad o el requisito es inaplicable por otra razón, la petición debe ser presentada dentro de un período razonable de tiempo (Artículo 32, Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

B. El proceso  

A continuación se hace una descripción general del proceso seguido por la CIDH cuando analiza las peticiones.

 

1. Selección de pre-admisibilidad (Artículos 26-29, Reglas de Procedimiento de la CIDH)  

 

Una vez recibida por el Secretariado Ejecutivo de la CIDH, la petición es examinada para determinar si existe toda la información pertinente. En caso contrario, el secretariado puede requerir al peticionario que suministre información adicional. Una petición a la CIDH debe incluir la siguiente información (Artículo 28, Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

1.       el nombre, la ciudadanía, profesión u ocupación, dirección o domicilio y firma del autor; las ONGs deben suministrar su nombre, dirección o domicilio legal y la firma de su representante legal. También debe incluirse un número de teléfono, de fax y el correo electrónico, si son disponibles. El peticionario puede requerir que su identidad no sea revelada al estado.

2.       La petición debe incluir una declaración detallada de hechos en la medida de lo posible y toda la documentación atestiguante incluyendo, nombre(s) de la víctima(s), ubicación y fecha de la supuesta violación(es), información relativa a la ausencia de recursos internos o por qué los recursos internos no necesitan estar agotados y, declaraciones de testigos o pruebas adicionales compiladas por ONGs;

3.       Información sobre el tiempo transcurrido para presentar la petición (ver, Artículo 33, Reglas de Procedimiento de la CIDH) y; sí la petición estaba pendiente previamente o ha sido resuelta previamente por otro organismo internacional (ver, Artículo 33, CIDH, Reglas de Procedimiento).

4.       El nombre del estado involucrado, incluyendo el nombre(s) y cargo de cualquier funcionario(s) conectado con la demanda, cualquier prueba que vincule al estado o un agente del estado, a la supuesta violación (demostrando la responsabilidad del estado de la violación);

5.       Debería hacerse alguna referencia al artículo o derechos específicos definidos por el Convenio o la Declaración que han sido violados, sin embargo, esto no es un requisito.

 

Básicamente, lo importante es hacer la petición tan detallada y específica como sea posible. Esto es particularmente importante dadas las dificultades financieras y de personal que debe enfrentar la CIDH: la información podrá ser procesada mejor cuanto más detallada sea.

 

2. Admisibilidad (Artículos 30-37, Reglas de Procedimientos de la CIDH)  

 

6.       Si el secretariado determina que la petición cumple con los requerimientos establecidos en el Artículo 28 de sus Reglas de Procedimiento, tal como se resume anteriormente, la petición es enviada al estado en cuestión para obtener una respuesta. El estado debe responder dentro de un plazo de dos meses a partir del envío de la petición, aunque puede ser otorgada una extensión adicional de hasta tres meses si el estado puede justifica su necesidad de que así sea (Artículo 30, Reglas de Procedimiento de la CIDH). Sin embargo, en el pasado los estados han obtenido un plazo mucho mayor que 90 días. La respuesta del estado es entonces transmitida al peticionario quien tiene 30 días de plazo para responder. La CIDH puede programar audiencias, incluso a pedido de peticionante, que impliquen declaraciones escritas y orales de las partes. También si el estado hace una invitación oficial puede conducir a misiones investigadoras. El requerimiento de una invitación oficial es problemática y conduce generalmente a demoras substanciales en los procedimientos, aunque no se excluye la realización de estas visitas, una de las más recientes fue realizada en una petición a nombre de los pueblos indígenas de Belice.

 

a. Agotamiento de los recursos internos (Artículo 46, Convenio Americano y Artículo 31, Reglas de Procedimiento de la CIDH)  

 

Por lejos, el aspecto más complicado para presentar una petición ante la CIDH concierne a la regla de que todos los recursos internos deben ser agotados antes de procurar una solución en el ámbito internacional. Esta regla tiene la intención de permitir a los estados resolver un problema internamente antes de permitir un escrutinio internacional. Sin embargo, la regla no es absoluta y existe una serie de excepciones. No obstante, la falta de agotamiento de los recursos internos o el establecimiento de una excepción a la regla puede conducir a que una petición sea declarada inadmisible. Leer las decisiones de admisibilidad de la CIDH es una buena forma de comprender mejor el requisito de recursos internos.

 

Los recursos internos se refieren a procedimientos (principalmente jurídicos y administrativos) que existen en la legislación nacional que pueden utilizarse para resolver las presuntas violaciones de derechos humanos. Estos procedimientos pueden existir con relación a derechos constitucionales, previsiones estatutarias, derecho consuetudinario o legislación administrativa. La regla de agotamiento requiere que todos los recursos sean usados y concluidos antes de recurrir a los mecanismos internacionales. El Artículo 31 de las Reglas de Procedimiento de la CIDH establece la regla general:

 

  1. Para decidir sobre la admisibilidad de un asunto, la Comisión deberá verificar si los recursos del sistema legal nacional han sido procurados y agotados de acuerdo con los principios generalmente reconocidos del derecho internacional.

  2. Las previsiones del párrafo precedente no se aplicarán cuando:

    1. la legislación nacional del Estado concerniente no dispone de un proceso debido de protección legislativa del derecho o derechos que supuestamente han sido violados;

    2. la parte que alega violación de sus derechos ha sido denegada del acceso a los recursos internos de la legislación nacional o sido impedida de agotarlos; o,

    3. cuando ha habido una demora injustificable en el otorgamiento de una sentencia final sobre los recursos antes mencionados.

  3. Cuando el peticionante cuestiona que él o ella es incapaz de probar un cumplimiento de los requisitos indicados en este artículo, será responsabilidad del Estado concerniente demostrar a la Comisión que los recursos de la ley nacional no han sido previamente agotados, a menos que sea claramente demostrado por los registros.

 

El subpárrafo 2 del Artículo 31 establece las excepciones de la regla de agotamiento de recursos nacionales. La regla no será aplicable cuando: a) los recursos de la legislación nacional no existen (no son accesibles), son inefectivos (inadecuados) o cuando el sistema legal ha demostrado ser tan corrupto o parcial que el peticionario no puede obtener una audiencia justa e imparcial,[28] b) el estado ha negado a las víctima acceso a los recursos internos; o c) cuando los recursos internos llevan demasiado tiempo para resolver el tema y el peticionario no tiene culpa de la causa de esta demora. Esto requiere alguna explicación.

 

Primero, si los recursos no existen, no pueden ser obviamente utilizados ni agotados. Por ejemplo, si el sistema legal nacional no reconoce de ninguna manera el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de tierras y recursos, no existe una base para demandar legalmente al estado por actos u omisiones que violen ese derecho. Por lo tanto, el recurso no está a disposición porque no existe y, entonces, no puede ser agotado. La Comisión y la Corte han sostenido previamente que “cuando los recursos internos no son disponibles debido a una causa de hecho o de derechos, el requisito de que deben ser agotados no es vigente”.[29]

 

Segundo, un recurso es ineficaz si no encara adecuadamente y resuelve la supuesta violación. Como lo estableció la Corte, “Los recursos internos adecuados son aquellos que son pasibles de encarar la infracción de un derecho legal”.[30] Siguiendo el ejemplo de párrafo anterior, el sistema legal nacional reconoce ahora un derecho de propiedad que protege los derechos territoriales indígenas, sin embargo, si la corte concluye que en el caso el demandante tiene sólo un título de propiedad que puede ser emitido como arrendamiento individual, en este caso existe un recurso asociado con el derecho de propiedad pero no encara adecuadamente el derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Por lo tanto, es un recurso ineficaz y no necesita ser agotado. En forma similar, la Corte también ha declarado que: “La regla de agotamiento de recursos internos no requiere la invocación de recursos … cuando estos no ofrecen la posibilidad de éxito”.[31]

 

Tercero, los recursos no necesitan ser agotados si el estado niega el acceso de la víctima(s) a dichos recursos. Por ejemplo, si se ha cometido un acto criminal contra la víctima y el estado es la única entidad capaz de presentar cargos criminales, y se niega a hacerlo, la víctima ha sido negada al acceso a los recursos internos. Esto es especialmente el caso en que, como en muchos países, la litigación criminal es un requisito previo para procurar resarcimientos a través de procedimientos civiles (no-criminales).

 

Cuarto, los recursos internos no necesitan ser agotados si ha habido una demora injustificada en las cortes. En el Caso 11.218 (Nicaragua), la Comisión explicó esta excepción en detalle:

 

Si un caso no es resuelto ante los tribunales locales dentro de un período razonable de tiempo, el demandante, peticionario, o víctima queda relevado de la obligación de agotar los recursos internos (Artículo 46(2)(c) del Convenio Americano). En efecto, la regla del agotamiento previo de los recursos internos ha sido establecida para beneficio de las partes estatales del Convenio, ya que el peticionario está obligado a demostrar que los ha agotado, como en este caso, cuando existe una demora manifiesta en la administración de justicia.[32]

 

Revisando su propia jurisprudencia, así como también la de la Corte y de la Comisión Europea y de la Corte de Derechos Humanos, la Comisión concluyó que “un tiempo razonable” en el contexto de demora indebida está determinado en referencia a los siguientes criterios: “1) la complejidad del caso; 2) la conducta de la parte perjudicada en términos de cooperación con el proceso en la medida en que evoluciona; 3) cómo se desarrolla la etapa investigativa del proceso y; 4) la acción de las autoridades judiciales”.[33]

 

Quinto, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los recursos tampoco necesitan ser agotados si el peticionario puede establecer que debido a pobreza o “temor generalizado” en la comunidad legal (abogados y jueces) para tomar u oír el caso, él o ella han sido impedidos de presentar su caso en el ámbito interno.[34]

 

Finalmente, los Artículos 1, 8 y 25 del Convenio Americano, analizados anteriormente, son importantes en el contexto de los recursos internos. En lo relativo a las obligaciones de los estados según el Convenio Americano, la Corte ha establecido en una serie de ocasiones que, “las Partes Estatales tienen la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos (Art. 25), los recursos deben estar sustentados de acuerdo con las reglas del proceso legal debido (Art. 8(1), manteniendo la obligación general de tales Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Convenio a todas las personas sometidas a sus jurisdicciones (Art. 1)”.[35] Siguiendo sus conclusiones, la Corte estableció que conforme a este principio, la ausencia de un recurso efectivo para las violaciones de los derechos reconocidos por el Convenio constituye en sí misma una violación del Convenio de la Parte Estatal donde falta el recurso. En ese sentido, debería hacerse énfasis en que, para que exista tal recurso, no es suficiente que esté previsto por la Constitución o la legislación o que sea formalmente reconocido, sino que en cambio debe ser verdaderamente efectivo en el establecimiento cuando ha habido una violación de los derechos humanos y en el suministro de un resarcimiento. Un recurso que prueba ser ilusorio debido a las condiciones generales que prevalecen en el país, o incluso en circunstancias particulares de un caso dado, no puede ser considerado efectivo. Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando la práctica ha demostrado su inefectividad; cuando el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para otorgar decisiones imparciales o los medios para implementar sus sentencias, o en cualquier otra situación que constituya una negación de justicia, como cuando hay una demora injustificada en la decisión; o cuando, por cualquier razón, a la supuesta víctima le es negado el acceso al recurso judicial.[36]

 

Para concluir esta sección, los recursos internos requieren mucha meditación e, idealmente, una planificación para asegurar que las acciones legales internas tomen en cuenta los derechos y resarcimiento que pueden ser planteados en una futura demanda a la CIDH. Si los casos internos están específicamente concebidos teniendo en mente una futura demanda internacional, los recursos necesarios pueden ser agotados, ahorrando mucho tiempo si fuera necesario presentar una demanda similar en una fecha futura.

 

b. Informe de Admisibilidad  

 

El último paso de la fase de admisión del proceso es la adopción de una decisión sobre la admisibilidad. La decisión de declarar un caso admisible o inadmisible es tomada por la CIDH basada en las recomendaciones de un Grupo de Trabajo sobre admisibilidad integrado por miembros de la CIDH que se reúne antes de la sesión plena de la CIDH (Artículo 36, CIDH, Reglas de Procedimiento). Los criterios relativos a la admisibilidad están establecidos en la sección anterior. Si un caso es declarado inadmisible, la CIDH finaliza su consideración del caso. Si la petición es juzgada admisible, se procede a un examen de los méritos de caso para determinar si ha habido una violación. En los Informes Anuales de la CIDH (Artículo 37, CIDH, Reglas de Procedimiento) se publica una decisión escrita sobre la admisibilidad que presenta el razonamiento de la CIDH. Estos informes están a disposición en el sitio web de la CIDH o en copias escritas de sus Informes Anuales.

 

3. Méritos (Artículos 38-42, Reglas de Procedimiento de la CIDH)  

 

Una vez que un caso ha sido declarado admisible, la CIDH pasa a la fase de los méritos del proceso. La fase de méritos es cuando la CIDH examina la situación para determinar si ha ocurrido una violación o violaciones de los derechos reconocidos en la Declaración o el Convenio. Esto requiere un análisis de los hechos del caso y una aplicación de la legislación sobre derechos humanos a esos hechos.

 

La CIDH comienza la fase de méritos requiriendo al peticionario que presente sus observaciones sobre los méritos del caso dentro de un plazo de 60 días. Estos son entonces enviados al estado en cuestión que tiene 60 días para responder (Artículo 38(1), Reglas de Procedimiento de la CIDH). Al mismo tiempo preguntará al peticionario y al estado si están interesados en procurar un arreglo amistoso del caso (ver más adelante; Artículo 38(2), Reglas de Procedimiento de la CIDH) y puede convocar a una audiencia para seguir discutiendo el caso con el peticionario y el estado (Artículo 38(3), Reglas de Procedimiento de la CIDH).[37] La CIDH también puede solicitar el permiso del estado para realizar una visita al lugar para considerar la situación en el país en primera instancia y realizar reuniones y entrevistas con las personas afectadas e interesadas (Artículo 40, Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

Si el estado no respondiera la solicitud de la CIDH de observaciones sobre los méritos dentro de un período de 60 días, la CIDH tiene la opción de aplicar el Artículo 39, de sus Reglas de Procedimiento, que prevé que: “Los hechos alegados en la petición … serán presumidos como ciertos si el Estado no ha provisto en respuesta información durante el período máximo establecido por la Comisión conforme a las previsiones del Artículo 38 de estas Reglas de Procedimiento, a menos que otras pruebas conduzcan a una conclusión diferente”.

 

Una vez que la CIDH ha completado la fase de recolección de evidencias, y presumiendo que no existe en proceso un arreglo amistoso, deliberará sobre los méritos del caso. Esto se realizará en forma privada e implica una evaluación de los argumentos presentados, las pruebas presentadas por las partes, cualquier otra información recogida en audiencias o en visitas al lugar de los hechos y “otra información que sea de público conocimiento” (Artículo 42, Reglas de Procedimiento de la CIDH). A continuación de sus deliberaciones y de una decisión sobre los méritos, de acuerdo con el Artículo 43 de sus Reglas de Procedimiento, la CIDH puede proceder de diversas maneras.

 

Primero, si concluye que no ha habido ninguna violación transmitirá un informe a las partes su conclusión y publicará el informe en su Informe Anual. En esta circunstancia, el caso se considera terminado (Artículo43(1). Segundo, si concluye que ha ocurrido una violación o violaciones, prepara un informe preliminar que establezca las violaciones y que dé recomendaciones al estado para reparar la violación(s) (Artículo 43(2)).[38] Este informe preliminar es enviado al estado junto con una fecha para que el estado informe sobre qué se ha hecho para cumplir con las recomendaciones (Artículo 43(2)). También notifica al peticionario que el informe preliminar ha sido enviado al estado, y en casos contra estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte, otorga al peticionario un mes para presentar sus opiniones sobre si el caso debiese ser presentado al Tribunal para su examen (ver más adelante; Artículo 43(3)).

 

Si las violaciones no han sido reparadas a satisfacción de la CIDH dentro de los tres meses a partir de la fecha en que ha sido enviado el informe preliminar, y el caso no ha sido enviado al Tribunal, la CIDH puede emitir un informe final que establezca su opinión, conclusiones finales y recomendaciones (Artículo 45(1), Reglas de Procedimiento de la CIDH).[39] Este informe es entonces enviado al peticionario y al estado a quienes se les requiere que, dentro de un plazo establecido por la CIDH, presenten información sobre las medidas tomadas para cumplir con las recomendaciones del informe (Artículo 25(2)). Luego la CIDH revisa esta información y toma una decisión sobre la publicación de su informe (Artículo 45(3)). El informe final es normalmente publicado en los Informes Anuales de la CIDH a la Asamblea General de la OEA. Estos informes, así como también los informes de admisibilidad, están disponibles en el sitio web de la CIDH: En inglés - español

 

Después de que la CIDH ha publicado sus recomendaciones, o se ha alcanzado un arreglo amistoso, puede adoptar una serie de medidas de seguimiento, incluyendo audiencias adicionales, visitas al lugar de los hechos y solicitar información de las partes, para monitorear su cumplimiento de su decisión de del arreglo amistoso (Artículo 45(1), Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

Finalmente, las recomendaciones de la CIDH no son obligatorias en teoría. Sin embargo, en el Caso Loayza Tamayo, la Corte condicionó esto y concluyó que los estados tienen la obligación de implementar las recomendaciones de la CIDH. El pasaje pertinente expresa lo siguiente:

 

79. La Corte ha establecido previamente que, de acuerdo con la estipulación referente a la interpretación contenida en el Artículo 31(1) del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el término “recomendaciones” utilizado por el Convenio Americano, debería ser interpretado conforme con su sentido original.

 

80. Sin embargo, conforme con el principio de la buena fe, encarnado en el antedicho Artículo 31(1) del Convenio de Viena, si un Estado firma y ratifica un tratado internacional, especialmente relativo a los derechos humanos, como el Convenio Americano, tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para cumplir con las recomendaciones de un organismo protector como la Comisión Interamericana, ciertamente uno de los principales organismos de la Organización de Estados Americanos, cuya función es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en el hemisferio (Carta de la OEA, Artículos 52 y 111).

 

81. Similarmente, el Artículo 33 del Convenio Americano establece que la Comisión Interamericana es, como la Corte, competente “con respecto a asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos asumidos por las Partes Estatales”, lo que significa que al ratificar dicho Convenio, las Partes Estatales se comprometen a aplicar las recomendaciones hechas por la Comisión en sus informes (énfasis en el original).[40]

 

Esta es una declaración muy importante que confirma que los estados tienen la obligación, por lo menos, de “hacer todos los esfuerzos para cumplir con las recomendaciones” de la CIDH. Sin embargo, el cumplimiento en principio es muy diferente que el cumplimiento en la práctica y la CIDH y, en menor medida, la Corte tienen ambos poderes relativamente débiles para hacer un seguimiento e implementar sus decisiones. Los pueblos indígenas y las ONGs tienen un rol fundamental a jugar para persuadir y, si es necesario, presionar a los estados para que pongan en práctica las recomendaciones de la CIDH. Esto se puede hacer mediante la  realización acciones simbólicas y de otro tipo y quizá utilizando incluso el sistema legal interno del país para implementar las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte. Estas últimas son autoejecutantes y requieren que los organismos judiciales internos ordenen el cumplimiento si el estado no hace efectiva la sentencia de la Corte.

 

4. Otras características del proceso  

 

a. Medidas precautorias  

 

Las Reglas de Procedimiento de la CIDH permiten otorgar medidas precautorias en casos urgentes que puedan causar “daños irreparables”. En estos casos, la CIDH puede requerir que el estado en cuestión suspenda sus actividades, tome acción preventiva o brinde otras medidas reparadoras para proteger a la persona o personas en cuestión. Las medidas precautorias del Artículo 25, Reglas de Procedimiento de la CIDH (previamente Artículo 29 de las Reglamentaciones de la CIDH) pueden ser solicitadas independientemente, en cuyo caso no se requiere que los recursos internos sean agotados antes de la solicitud, o especificado y requerido en forma prominente en una petición formal. En casos extremadamente graves en los que las medidas precautorias no han sido efectivas, y el estado ha aceptado la jurisdicción de la Corte, la CIDH puede requerir que la Corte adopte medidas provisionales. Las medidas provisionales son el equivalente de la Corte a las medidas precautorias y requieren que un estado adopte medidas preventivas u otras medidas para proteger a las personas. En los Informes Anuales de la Corte y de la CIDH se puede encontrar información sobre las medidas provisionales adoptadas por la Corte.

 

Generalmente, las medidas precautorias se emiten solamente en casos en que la vida u otros derechos fundamentales estén amenazados. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas, la CIDH ha empleado una interpretación más amplia de la vida y los derechos fundamentales. La CIDH ha otorgado medidas precautorias en favor de pueblos indígenas en varios casos: aquí se destacan los siguientes, Caso 11.577 (Nicaragua), Caso11.140 (Estados Unidos) y Caso 12.053 (Belice). Dos de estos casos (Nicaragua y Belice) implicaban la explotación de recursos naturales en tierras sobre las que los pueblos indígenas habían probado su propiedad y otros derechos, el otro, la extinción de los derechos a la tierra y la confiscación de ganado perteneciente a dos mujeres nativas americanas (Estados Unidos). Los hechos de estos casos se describen con mayor detalle a continuación.

 

Comunidades Indígenas Awas Tingni (Nicaragua) En conexión con el Caso 1.577 relativo a la Comunidad Indígena Awas Tingni, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de Nicaragua, el 30 de octubre de 1997, adoptar medidas precautorias con el propósito de suspender la concesión otorgada por el gobierno a la Compañía SOLCARSA para realizar trabajos forestales en las tierras de la Comunidad Indígena Awas Tingni.[41]

 

Comunidades Indígenas Maya (Belice) El 20 de octubre de 2000, la CIDH otorgó medidas precautorias a nombre de las Comunidades Indígenas Maya y sus miembros (caso 12.053) y requirió al Estado de Belice que tomara los pasos necesarios para suspender todos los permisos, licencias y concesiones que permitieran la perforación petrolera y otras extracciones de recursos naturales en tierras ocupadas por las Comunidades Maya en el Distrito de Toledo, para investigar los alegatos de este caso.[42]

 

Mary y Carrie Dann (Estados Unidos) El 28 de junio de 1999, la Comisión emitió medidas precautorias en el caso de Mary y Carrie Dann, caso 11.140, y requirió que los Estados Unidos tomaran medidas apropiadas para detener los intentos de la Oficina de Administración de Tierras para confiscar su ganado, hasta que la Comisión tuviera la oportunidad de investigar plenamente las demandas planteadas en la petición. La Comisión no recibió respuesta a este requerimiento.[43]

 

Es de notar que en los tres casos las medidas precautorias requeridas fueron específicamente concebidas para detener actividades juzgadas perjudiciales para los pueblos indígenas afectados, al menos hasta ese momento la CIDH pudo investigar plenamente y sentenciar sobre los aspectos de derechos humanos de cada situación.

 

b. Arreglo Amistoso (Artículo 41, Reglas de Procedimiento de la CIDH)  

 

El Artículo 48(f) del Convenio Americano requiere que la CIDH intente lograr un arreglo amistoso de las demandas que recibe. Esto se vuelve a establecer en el Artículo 41, Reglas de Procedimiento de la CIDH y requiere que la CIDH intente resolver una disputa a través de negociaciones entre las partes antes de llegar a una decisión oficial sobre los méritos de la petición y publicarla. La jurisprudencia de la Corte ha confirmado que se requiere que la CIDH intente un arreglo amistoso.[44] Si ocurriera un arreglo amistoso y se logra un acuerdo, la CIDH prepara un informe sobre el asunto para publicar en su Informe Anual (Artículo 41(5), Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

Ambas partes deben consentir un procedimiento de arreglo amistoso y pueden revocar su consentimiento en cualquier momento durante el procedimiento (Artículo 41(2), Reglas de Procedimiento de la CIDH). La CIDH puede también finalizar su participación en el procedimiento si decide que, dada la naturaleza del caso, no es posible un arreglo si una de las partes retira su consentimiento o si determina que una de las partes no “demuestra voluntad” para alcanzar un arreglo amistoso (Artículo 41(4), Reglas de Procedimiento de la CIDH). En todos los casos, un arreglo amistoso debe estar basado en el respeto por los derechos humanos reconocidos en el Convenio Americano y en la Declaración (Artículo 41(5), Reglas de Procedimiento de la CIDH).

 

Este procedimiento constituye una opción útil para los pueblos indígenas considerando que se puede alcanzar un mayor progreso a través de negociaciones con el estado que en procedimientos formales ante la CIDH. Este procedimiento constituye una de las pocas ocasiones en las que los pueblos indígenas pueden negociar de igual a igual con el estado bajo la supervisión de un organismo internacional neutral. La CIDH también supervisará el consentimiento de cualquier acuerdo que se logre en el arreglo y, si el proceso de arreglo no concluye en un acuerdo, continuará con su examen de los méritos del caso (Artículo 41(6), Reglas de Procedimiento de la CIDH). Más adelante se describe un arreglo amistoso alcanzado con los pueblos indígenas en Paraguay. También se intentaron arreglos amistosos en los casos Awas Tingni (Nicaragua) y Comunidades Indígenas Maya (Belice) analizados más adelante.

 

c. Transmisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Artículo 43(3)-44, Reglas de Procedimiento de la CIDH)  

 

Después de adoptar y transmitir al estado un informe preliminar sobre los méritos de un caso, y si el estado ha aceptado la jurisdicción de la Corte, la CIDH otorgará un mes al peticionario para presentar sus opiniones sobre si el caso debería ser enviado al Tribunal como un caso contencioso (Artículo 43(3), Reglas de Procedimiento de la CIDH. Si el peticionario está interesado en pasar el caso al Tribunal, se les requiere presentar la siguiente información la CIDH (Artículo 43/3)(a-e)):

 

  1. la situación de la víctima o de los miembros familiares de la víctima, o los miembros de la familia de la víctima, si es diferente de la del peticionario;

  2. los datos relativos a la víctima y los miembros familiares de la víctima;

  3. las razones que él o ella considere por qué el caso debería ser pasado al Tribunal;

  4. las pruebas documentales, testimoniales y expertas disponibles; y,

  5. las demandas concernientes a las reparaciones y costos.

 

Después de recibir esta información del peticionario, la CIDH determinará si el estado ha cumplido con sus recomendaciones realizadas en el informe preliminar. Si considera que el estado no ha cumplido y a menos que se haya tomado una decisión por mayoría absoluta por los miembros de la CIDH, el caso será transmitido al Tribunal (Artículo 44(1), Reglas de Procedimiento de la CIDH). Al decidir si pasar un caso al Tribunal, la CIDH toma en consideración lo siguiente (Artículo 44(2), Reglas de Procedimiento de la CIDH):

 

  1. la situación del peticionario;

  2. la naturaleza y seriedad de la violación;

  3. la necesidad de desarrollar o clarificar el caso legal del sistema;

  4. el futuro efecto de la decisión dentro de los sistemas legales de los Estados miembros; y,

  5. la calidad de las pruebas disponibles.

 

Habiendo resumido el proceso empleado por la CIDH para examinar las peticiones, ahora pasaremos a una visión general de algunos de los casos tratados por la CIDH y la Corte que conciernen a los pueblos indígenas. Algunos de estos casos ya han sido decididos, mientras que las decisiones de otros todavía están pendientes, decisiones sobre admisibilidad o intentos de una arreglo amistoso. También se resume informes especiales de la situación en países relativos a los pueblos indígenas Es importante notar que la causa subyacente de muchas de las violaciones analizadas en estos casos es el reconocimiento y la protección inadecuados de los derechos a la tierra, territorios y recursos.

 

 

 

 


NOTAS:


[1] Ver, entre otros,  S.J. Anaya, Indigenous Peoples in International Law (Oxford y Nueva York: OUP, 1996), en p. 49-58, 107; S. Wiessner, The Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative and International Legal Analysis, 12 Harv. Human Rights J. 57 (1999), en  p. 128; R. Torres, The Rights of Indigenous Peoples: The Emerging International Norm, 16 Yale Journal Int'l Law 127; y C. Iorns Magallanes, International Human Rights and their Impact on Indigenous Peoples’ Rights in Australia, Canada and New Zealand, En, P. Havemann (ed.) Indigenous Peoples’ Rights in Australia, Canada and New Zealand. (Auckland: OUP, 1999), p. 238 (“Since the 1970s international law has reflected ‘a new generation of international consensus on indigenous peoples’ rights’” ); p. 242 (“Further significant international legal developments provide evidence that customary international law has accepted the right of cultural self-determination for indigenous peoples and the consequent autonomous control necessary to achieve that ….”); y, S.J. Anaya & R. Williams, The Protection of Indigenous Peoples’ Rights over Land and Natural Resources under the Inter-American Human Rights System. 14 Harv. Hum. Rts. J. 33 (2001).

[2] Por instrumentos de aplicación general se refiere a todos los instrumentos de derechos humanos que se aplican a todas las personas en vez de instrumentos dirigidos exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas.

[3] African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution on the Rights of Indigenous People/Communities in Africa, Cotonou, Benin, 6 de noviembre 2000. El mandato del Grupo de Trabajo está descrito en la resolución como: “examinar el concepto de pueblos y comunidades indígenas en África; estudiar las implicaciones de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y bienestar de las comunidades indígenas especialmente con respecto a: el derecho de igualdad (Artículos 2 y 3), el derecho a la dignidad (Artículo 5), la protección contra la dominación (Artículo 19), sobre la autodeterminación (Artículo 20) y la promoción del desarrollo cultural y la identidad (Artículo 22); [y] considerar las recomendaciones apropiadas para el monitoreo y la protección de los derechos de las comunidades indígenas”.

[4] Por una publicación oficial de la OEA sobre actividades Interamericana de derechos humanos concernientes a los pueblos indígenas ver, The Human Rights Situation of Indigenous People in the Americas" ~  “La Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en las Américas” OEA/Ser.L/V/II.108 Doc. 62, 20 de octubre de 2000.

[5] Se han escrito también guías sobre el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

[6] La Declaración Americana es obligatoria para todos los miembros de la OEA por dos razones: primero, como elaboración de las obligaciones de los estados relacionados con los derechos humanos establecidos en la Carta de la OEA y segundo, la Declaración, en su totalidad, han sido determinada por el derecho consuetudinario internacional. Ver, entre otros, Interpretation of the American Declaration on the Rights and Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American Convention on Human Rights, Advisory Opinion OC-10/89 of July 14, 1989, Inter-American Court of Human Rights, Series A No. 10, at paras. 42-46.

[7] El Protocolo de San Salvador entró en vigencia el 16 de noviembre de 1999 y, hasta mayo de 2001, había sido ratificado por los siguientes estados: Brasil (1996), Colombia (1997), Costa Rica (1999), Ecuador (1993), El Salvador (1995), Guatemala (2000), México (1996), Panamá (1993), Paraguay (1997), Perú (1995), Suriname (1990), Uruguay (1996).

[8] Third Report on the Human Rights Situation in Colombia.(Tercer Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Colombia) OEA/Ser.L/V/II.102 Doc. 9 rev. 1 (26 de febrero de 1999), Ch. X, pár. 9.

[9] Este Grupo de Trabajo se reunió en noviembre de 1999 y abril de 2001. Por documentos sobre las actas del Grupo de Trabajo, ver www.summit-americas.org/Indigenous/W-Group-Oct99/Wgroupoct99-INDEX.htm y; los informes del Programa para los Pueblos del Bosque sobre la Primera y Segunda Sesión del Grupo de Trabajo de la OEA: http://www.gn.apc.org/forestpeoples/briefings.htm. La información sobre la Primera Sesión está en inglés y en español y contiene un anexo que describe los contenidos de la Propuesta de Declaración. Ver, también, Authorities and Precendents in International and Domestic Law for the Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. OEA/Ser.L/V/II.110 Doc. 22, 1 de marzo de  2001: En inglés: http://www.cidh.org/Indigenas/Indigenas.en.01/index.htm  En español: http://www.cidh.org/Indigenas/Indigenas.sp.01/Indice.htm

[10] Los textos de estos Convenios y una lista de los estados ratificadores se pueden encontrar en: http://www.cidh.org/basic.htm 

[11] International Responsibility for the Promulgation and Enforcement of Laws in Violation of the Convention (Arts. 1 and 2 of the American Convention on Human Rights), Responsabilidad Internacional para la Promulgación e Implementación del Convenio (Arts. 1 y 2 del Convenio Americano sobre Derechos Humanos. Opinión Asesora OC-14/94, diciembre 9, 1994, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos Court of Human Rights, Series A No. 14,  párr. 32.

[12] Exceptions to the Exhaustion of Domestic Remedies (Art. 46(1), 46(2)(a) and 46(2)(b) American Convention on Human Rights), (Excepciones al Agotamiento de Soluciones Internas [Art. 46, 46(2)(a) Tribunal  Interamericano  de Derechos Humanos, Opinión Asesora No. OC-11/90, agosto 10, 1990, Serie A No.11, párr. 34.

[13] Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, (Propuesta de Enmienda de las Previsiones de Naturalización de la Constitución de Costa Rica), Opinión Asesora OC-4/84, enero 19, 1984, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie A No.4, párr. 54.

[14] Opinión en Disentimiento del Juez A.A. Cançado, en el caso Caballero Delgado y Santana, Resarcimientos (Art.63(1) del Convenio Americano sobre Derechos Humanos), sentencia del 29 de enero de 1997, Tribunal Interamericanos de Derechos Humanos, Serie C. No. 31, párr. 9. Ver también, Opinión en Divergencia del Juez Héctor Gross Espiell, Aplicabilidad del Derecho a Respuesta o Corrección (Arts. 14(1), 1(1) y 2 del Convenio Americano de Derechos Humanos), Opinión Asesora OC-7/86, agosto 29, 1986, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie A No. 7, párr. 6; Opinión en Divergencia del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Aplicabilidad del Derecho a la Respuesta o Corrección (Arts. 14(1), 1(1) y 2 del Convenio Americano de Derechos Humanos), Opinión Asesora 0C-7/86, 1986, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie A. No. 7, párr. 23-33.

[15] Caso Genie Lacayo, sentencia del 29 de enero de 1997, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C No. 30, párr. 74.

[16] Garantías Judiciales en Casos de Emergencia (Arts. 27(2), 25 y 8 del Convenio sobre Derechos Humanos). Opinión Asesora OC-9/87 del 6 de oct. de 1987. Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie A No. 9, párr. 23.

[17] Opinión en Disensión del Juez A. A. Cançado Trindade, Caso Genie Lacayo, Orden del Tribunal del 13 de septiembre, 1997, párr.21.

[18] Ver también, “Otros Tratados” Sometidos a la Jurisdicción Consultiva del Tribunal (Solicitado por Perú), Opinión Asesora No. OC-1/82 del 24 de septiembre, 1982, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, párr. 12; y, Participación Obligatoria de una Asociación Prescrita por la Ley para la Práctica del Periodismo, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Opinión Asesora OC-5/85 del 13 de noviembre, 1985. Serie A No. 5, párr. 51, - el Convenio Americano “debe ser interpretado a la luz de los conceptos y previsiones de instrumentos de carácter universal”.

[19] Informe No. 109/99 (Caso 10.951-Estados Unidos), Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, párr. 40, (“…sería incoherente con los principios generales del derecho que la Comisión interpretara y ejercitara su mandato basándose en la Carta sin tomar en cuenta otras obligaciones internacionales de los estados miembros que puedan ser pertinentes. ‘[U]n instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado dentro del marco general del sistema jurídico vigente en el momento de la interpretación.’”).

[20] Resolución de la Quinta Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores (Santiago, Chile, 1959), OEA/Ser.C/II 5, 4-6.

[21] La Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967.

[22] “La jurisdicción asesora del Tribunal difiere de su jurisdicción contenciosa en que no existen ‘partes’ involucradas en el procedimiento de asesoría ni hay ninguna disputa a resolver. El único propósito de la función asesora es ‘la interpretación del Convenio [Americano] o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados Americanos’”. Informes de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, Opinión Asesora OC 15-97 del 14 de noviembre, 1997. Serie A No. 15, párr.25.

[23] Por una copia de la petición original de la CIDH, ver, S. James Anaya, The Awas Tingni Petition to the Inter-American Commission on Human Rights: Indigenous Lands, Loggers and Government Neglect in Nicaragua, 9 St. Thomas Law Review 157 (1996).

[24] Las Reglas de Procedimiento (que entraron en vigencia el 1 de mayo de 2001) reemplazaron las Reglamentaciones de la CIDH y son aplicables a todos los casos después del 1 de mayo de 2001.

[25] El Estatuto de la CIDH se puede encontrar en Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System. En inglés; español; y portugués

[26] El Artículo 50 de la Reglas de Procedimiento de la CIDH establece que “El procedimiento aplicable a peticiones concernientes a estados miembros de la OEA que no forman parte del Convenio Americano será el previsto por las previsiones generales incluidas en el Capítulo I del Título II; en los Artículos 28 al 43 y el 47 de estas Reglas de Procedimiento”.

[27] Artículo 74, Convenio Americano sobre Derechos Humanos.

[28] Como se estableció previamente por la CIDH y el Tribunal Internacional de Derecho Internacional y la Corte:

Las excepciones prevista por el Artículo 46(b) del Convenio tienen como objetivo garantizar la acción internacional cuando los recursos internos y el sistema legal nacional son inefectivos para asegurar el respeto de los derechos humanos de las víctimas. Siendo este el caso, el requisito formal de no-existencia de recursos nacionales que garanticen el principio de un proceso debido (Artículos 46(2)(a) del Convenio) se refiere no solamente a la ausencia formal de recursos domésticos, sino también a casos en los que demuestran ser inadecuados.

Caso 11.405, Brasil, Informe Anual de la CIDH, 1997, párr. 79. Ver también, la sentencia del Caso Godínez Cruz, del 20 de enero de 1989, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C. No. 5, párr. 66; Caso Fairen Garbi y Solís, sentencia del 26 de junio, 1987, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C No. 2, párr. 87; Caso Velázquez Rodríguez,, sentencia del 29 de julio, 1988, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos Serie C No. 4 párr. 63.

[29] Informe No. 53/97, Caso 11.312 (Guatemala), Informe Anual de la Comisión, 1999, OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 7, rev., abril 13, 1998, p.123, párr. 23.  Ver también,  Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) Convenio Americano sobre Derechos Humanos), Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Opinión Asesora No. OC-11/90, agosto 10, 1990, Serie A No.11, párr. 17.

[30] Caso Godínez Cruz, Sentencia del 10 de enero de 1989, Tribunal Internacional de Derechos Humanos, Ser. C, Decisiones y Sentencias No.5, párr. 67.

[31] Informe No. 53/97, Caso 11.312 (Guatemala), Informe Anual de la Comisión, 1999, OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 7, rev., abril 13, 1998, p.123, párr. 23.  Ver también,  Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) Convenio Americano sobre Derechos Humanos), Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Opinión Asesora No. OC-11/90, agosto 10, 1990, Serie A No.11, párr. 17.

[32] Caso 11.218 (Nicaragua) Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la Comisión 1997, OEA/Ser.L/V/II.98 Doc.7 rev, abril 13, 1998, at 720, párr. 120.

[33] Íd. en 721, párr. 122.

[34] Excepciones al Agotamiento de Recursos Internos (Art. 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b), Convenio Americano sobre Derechos Humanos, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Opinión Asesora No. OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, p. 32.

[35] Sentencia de Velázquez Rodríguez del 29 de julio, 19888 Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C. No. 4; Casos Fairen Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Objeciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párr. 90, 90 y 92 respectivamente. También ver, Garantías Judiciales en Casos de Emergencia (Arts. 27(2), 25 y 8 Convenio Americano sobre Derechos Humanos), Opinión Asesora OC-9/87 del 6 de oct., 1987, Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie A No. 9, párr. 24.

[36] Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, Id.

[37] Las audiencias son tratadas en los artículos 59-68, Reglas de Procedimiento de la CIDH.

[38] El informe preliminar es también conocido como un informe de Artículo 50, conforme al Artículo 50 del Convenio Americano que prevé este tipo de informes.

[39] El Tribunal discutirá el informe preliminar y el final del CIDH, y la posibilidad de enmendar estos informes en: “Informes de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos", Opinión Asesora OC 15-97 del 14 de noviembre, 1997. Serie A. Nos. 15.

[40] Caso Loayza Tamayo, Sentencia del 17 de septiembre, 1997. Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, Serie C No. 33, párr.79-81.

[41] Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/II.98. Doc. 7 rev., en 46 (1998).

[42] Informe No. 78/00 (Caso 12.053-Admisibilidad) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L//V/11.111. Doc. 20 rev., en 46 (2001).

[43] Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/II.106. Doc. 6 rev., en Cap. III, párr. 67 (1999).

[44] Caso Caballero Delgado y Santana, Excepciones Preliminares, Decisión del 21 de enero, 1994, párr.27; reafirmado en el Caso Genie Lacayo, Excepciones Preliminares, Decisión del 27 de enero, 1995.

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